Avalan hasta 6 años de prisión a quien expida facturas falsas

Cámara de Diputados

9 de Abril de 2019

Ciudad de México 09 de Abril del 2019. El pleno de la Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, la reforma al Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta seis años de prisión a quien expida o venda facturas falsas a las grandes empresas que pretendan evadir impuestos. 

La minuta, originada en el Senado de la República, y que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, prevé adicionar el artículo 113 Bis al Código Fiscal para quien cometa el delito de vender las facturas, pero mantiene la pena de tres meses a seis años de prisión a quien las compre. 

Durante su intervención en la máxima tribuna del país, la presidenta de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Patricia Terrazas, sostuvo que la evasión de impuestos es una práctica que reduce significativamente el potencial de recaudación de la administración pública federal.

La legisladora del PAN también adelantó que los diputados de la Comisión presentarán una iniciativa tendiente a avanzar en las medidas para el combate a ese delito. 

La propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, los que confluyeron en que no puede castigarse igual la acción de falsificar la factura que quien la compre, pues quien pretenda adquirirlas se topará con que ya no hay venta.

 

Comentarios

Contenido Relacionado

21/05/2019 - 21:30

Ciudad de México 21 de Mayo del 2019.

24/04/2019 - 23:59

Ciudad de México 24 de Abril del 2019.

14/09/2018 - 20:01

Ciudad de México 14 de Septiembre del 2018.

27/04/2018 - 18:13

Ciudad de México 27 de Abril del 2018.

20/04/2018 - 19:29

Ciudad de México 20 de Abril del 2018.

12/03/2018 - 16:25

Ciudad de México 12 de marzo del 2018.

26/02/2018 - 17:38

Ciudad de México 26 de febrero del 2018.

13/10/2017 - 16:35
la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
29/09/2017 - 17:30
Por su parte, el líder panista, Marko Cortés Mendoza, propuso crear una contraloría ciudadana, con organizaciones de la sociedad civil, para vigilar los recursos que se destinarán a la reconstrucción por los daños de recientes sismos.