El abuso legislativo

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15 de Noviembre de 2019

Por Jorge Fernández Menéndez

Lo sucedido con Rosario Piedra, la forma en que fue impuesta violando la forma y el fondo del procedimiento parlamentario parece que será la norma en el cierre de este periodo legislativo.

No fue una mala noche en el Senado, será el método para sacar todo lo que Morena considere que tiene que salir adelante, aunque en el camino arrase con los principios que regulan al Congreso, con los derechos de las minorías e incluso con la matemática legislativa.

Un buen ejemplo de ello es la reforma que pretende darle a la Unidad de Inteligencia Financiera atribuciones que violan derechos individuales básicos. Se quiere legislar para que la UIF pueda intervenir cuentas, bloquearlas, aplicar la extinción de dominio, sólo con la presunción de que exista un delito, sin una decisión legal previa y sin avisarle al damnificado siquiera que está siendo investigado.

Es una violación a la presunción de inocencia y un castigo, que no puede ser resarcido, a cualquier persona que la Unidad decida investigar, haya o no cometido un delito.

En dos ocasiones se quiso aprobar esta reforma, pero no alcanzaron los votos porque incluso algunos legisladores de Morena votaron en contra y ahora van a volver a ponerla a votación por tercera ocasión. Es una violación básica a la norma parlamentaria.

Ayer desaparecieron el Seguro Popular, un error que le costará muy caro al país y sobre todo a los más pobres. Siguiendo la lógica sexenal, primero se destruyen y desaparecen instituciones, y luego se ve con qué y cómo se las va a sustituir, en este caso por un Instituto de Salud para el Bienestar, que al día de hoy no tiene ni cómo ser financiado, de la misma manera en que se dejaron de comprar medicinas en su momento y un año después no han logrado garantizar el abasto de las mismas.

En el caso del Seguro Popular, un sistema que servía con eficiencia a millones de mexicanos, se podría haber optado, como en muchas otras cosas, por realizar las reformas que se requirieran, mientras se seguía garantizando el servicio. No será así. Los padres de los niños con cáncer, que desde hace meses luchan por garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para sus hijos, un reclamo más legítimo que cualquier otro, han sido agredidos, vilipendiados, insultados por legisladores de Morena y del PT simplemente por exigir que con Seguro Popular o sin él, sus hijos puedan continuar su tratamiento.

La mezquindad que han exhibido, sobre todo un par de legisladoras, alcanza un nivel enfermizo.

Hoy se aprobará a última hora el Presupuesto 2020.

Tanta postergación, tantas sesiones canceladas, tienen un solo objetivo: aprobarlo in extremis sin cambiarle, en la medida de lo posible, ni una coma.

Dicen que el presupuesto es política concentrada. Y es verdad, por eso lo que ocurrirá hoy demostrará que en el terreno político la administración López Obrador no acepta conceder nada a nadie.

Hay otro tema muy delicado que está en manos del Senado. Se tienen que renovar varias posiciones del Consejo de la Judicatura Federal. Siempre, desde la reforma de Ernesto Zedillo, los consejeros se habían elegido por voto calificado, o sea por dos tercios de los legisladores, igual que los ministros de la Corte. Ahora Morena quiere imponer que los consejeros se elijan por mayoría simple, para así no tener que negociar designación alguna con sus oposiciones.

Es un grave error: hay posiciones que deben tener un amplio consenso y el de los consejeros de la judicatura es uno de ellos.

Es la única forma de tener equilibrios y contrapesos.

¿Cómo se quiere mejorar el sistema de justicia violando la ley en la designación de quienes deben aplicarla?

Rosario Piedra anunció que envió una carta de renuncia a su cargo como Consejera Nacional de Morena, lo que confirma que era militante de ese partido por lo menos hasta ayer.

La ley de la Comisión Nacional establece que su presidente no puede ser militante de partido alguno y que debe haberse separado de cualquier militancia por lo menos un año antes de la elección. Piedra fue electa en octubre pasado Consejera Nacional de Morena y en 2018 fue candidata a diputada por ese partido.

Está legalmente impedida para ser presidenta de la CNDH.

¿Nadie piensa aplicar la ley? ¿Cualquiera puede violarla, como Piedra o como Jaime Bonilla en Baja California ampliando su periodo de gobierno a placer, violando la Constitución y sin que pase nada? Parece que así será, no en vano ese “huésped distinguido” llamado Evo Morales, que se quedó catorce años en el poder modificando leyes y violándolas a su antojo, es a quien ahora nos quieren vender como un ejemplo a seguir.

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